2020-04-01T09:50:22+02:009 marzo 2018|

El portal inmobiliario fotocasa considera que el nuevo Plan de Vivienda Estatal 2018-2021, aprobado este viernes en Consejo de Ministros, es “positivo” porque “viene a paliar, en parte, la falta de ayudas” para facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos con menos recursos económicos.

“Lo mejor del plan es que se centra en los segmentos de la población que más dificultades tienen para acceder a una vivienda, como son los jóvenes, los mayores de 65 años y las personas en situación de desahucio”, explica Beatriz Toribio, directora de Estudios de fotocasa.

Entre las medidas que recoge el Plan de Vivienda 2018-2021, “una de las más interesantes son las ayudas a los promotores” que construyan viviendas en alquiler porque “ataca en uno de los principales flancos del mercado: la falta de oferta de vivienda en régimen de arrendamiento. Toda medida que sirva para paliar esta situación será beneficiosa para el sector”.

En este sentido, Toribio considera que las ayudas al alquiler para menores de 35 años,” si bien no es la medida perfecta, bienvenida sea porque en estos momentos no hay nada que ayude a los colectivos más desfavorecidos”. “El acceso de los jóvenes a la vivienda es uno de los principales retos del sector porque, por un lado no pueden acceder a la compra, pero por otro, tampoco al alquiler como consecuencia del fuerte encarecimiento de los mismos”.

Para fotocasa, el Plan del Ministerio de Fomento podría haber ido más allá. “El mercado necesita más medidas que favorezcan la oferta de vivienda en alquiler, especialmente en las grandes ciudades”, por lo que “se podría haber aprovechado la ocasión para incluir medidas que estimulen más la oferta y no tanto la demanda, con el objetivo de aumentar el parque de viviendas y que, en consecuencia, bajen los precios”.

Respecto a las ayudas a la compra de vivienda para jóvenes menores de 35 años, fotocasa considera que su efecto será limitado ya que se restringe a aquellos jóvenes que compren su vivienda habitual en una localidad de menos de 5.000 habitantes y cuyo precio no supere los 100.000 euros. Además, “en el actual contexto de control de la solvencia por parte de las entidades bancarias, muchos de estos jóvenes con ingresos inferiores a 22.500 euros tendrán dificultades para acceder a la financiación necesaria para adquirir dicha vivienda”, concluye la directora de Estudios.