El precio del alquiler en España ha marcado un nuevo récord en 2024, consolidándose como uno de los mayores desafíos para el acceso a la vivienda. Alquilar un inmueble de 80 metros cuadrados supera ya los 1.000 euros mensuales, con un coste medio que alcanza los 13 €/m². El «mapa de calor» del mercado inmobiliario se encuentra al rojo vivo, con precios máximos históricos registrados desde 2022 en todo el territorio nacional. A nivel autonómico, este ejercicio de 2024, todas las comunidades, salvo Aragón, han alcanzado valores récord en el Índice Inmobiliario Fotocasa. Lo mismo ocurre en las capitales de provincia, donde 49 de las ciudades analizadas –excepto Zaragoza, Cádiz y Cuenca– han experimentado los mayores incrementos de su historia reciente.
El ritmo de crecimiento interanual del 14% evidencia un encarecimiento muy significativo impulsado por una oferta cada vez más limitada y una demanda creciente que se ha agravado por factores sociales, económicos y legislativos que, tras la pandemia, han tensionado todavía más el mercado del alquiler. Con la recuperación económica de 2014, la demanda de alquiler comenzó a ganar terreno como primera solución habitacional, mientras que la administración pública redujo drásticamente la construcción de vivienda social. En ese momento, comenzó a forjarse una tensión estructural que ha derivado en la situación de gran desequilibrio entre oferta y demanda, que evidencia la imposibilidad del mercado de adaptarse a las necesidades actuales de vivienda.
La gravedad de la situación se observa en que la oferta de viviendas disponibles en alquiler de larga duración está atravesando la peor crisis del siglo XXI. La retirada de viviendas del mercado para su venta, motivada por un contexto favorable para los propietarios, y el trasvase de inmuebles hacia modalidades de alquiler de corta duración han reducido drásticamente el stock disponible. En este contexto, el alquiler de temporada ha crecido un 55%, representando ya el 10% de la oferta nacional, mientras que el alquiler de habitaciones ha aumentado un 40%.
Este escenario está generando dos tendencias preocupantes. Por un lado, la expulsión del mercado de los inquilinos con rentas más bajas, quienes ven frustradas sus posibilidades de emancipación. Por otro lado, un aumento de la demanda de habitaciones en viviendas compartidas como alternativa económica. Esta dinámica busca mitigar la creciente tasa de esfuerzo salarial, que actualmente absorbe el 43% del sueldo medio de los inquilinos.
La accesibilidad al alquiler se encuentra en un punto crítico. Por ello, para revertir esta situación, es imperativo adoptar medidas inmediatas y colaborativas que amplíen el parque de vivienda pública y promuevan el acceso asequible. Es imprescindible impulsar acuerdos de colaboración público-privada con el sector inmobiliario, priorizando la construcción de viviendas protegidas. Además, la rehabilitación de inmuebles debe ser crucial para aumentar el volumen de viviendas habitables. Por otra parte, garantizar la seguridad jurídica para los propietarios y ofrecer incentivos que atraigan inversión hacia el mercado de alquiler son elementos clave para estabilizar este sector volátil. Establecer un clima de confianza y fomentar políticas a largo plazo permitirá construir un mercado del alquiler más equilibrado, capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos y reducir la creciente desigualdad en el acceso a la vivienda.