El precio del alquiler sigue subiendo. Desde la recuperación económica producida en el 2014, el coste del arrendamiento se ha ido encareciendo año tras año a excepción del 2021, año de repercusión de la Covid-19, por el descenso de la demanda que provocaron las restricciones de movilidad en pandemia. Hace más de una década que las administraciones dejaron de destinar recursos monetarios para ampliar el parque de vivienda pública social, por lo que pronto la ley de oferta y demanda del mercado libre comenzó a empujar al alza los precios de los alquileres, que se han ido incrementando anualmente de forma significativa hasta alcanzar máximos históricos.
El mercado del alquiler atraviesa uno de sus momentos más complicados. Las dos partes fundamentales que lo conforman se encuentran cada vez más distanciadas. Los inquilinos representan el 80% de la participación, mientras los propietarios tan solo el 16%. Esta situación se traduce en un considerable desequilibrio entre demanda y oferta. Nunca el alquiler había tenido una oferta disponible tan reducida como ahora. El stock disponible en alquiler se encuentra bajo mínimos, lo que supone un gran obstáculo para casi el 40% de inquilinos.
La principal consecuencia de la falta de oferta disponible es el sobreprecio de la vivienda en renta. Esta inestabilidad del arrendamiento provoca un fuerte tensionamiento en los precios que se reflejó en una intensa escalada durante el primer semestre del año 2023, cuando en abril alcanza el precio máximo histórico a nivel nacional con 11,69€/m², superando incluso la marca registrada durante la burbuja de 2007.
Ante un mercado cada vez menos dinámico, más compacto y de muy difícil acceso, las desigualdades y vulnerabilidades de los ciudadanos con rentas más bajas quedan al descubierto, al ser expulsados del mercado, por no poder hacer frente a precios tan altos frente a sus salarios que no crecen al mismo ritmo.
Previsiblemente el precio continuará al alza en el próximo ejercicio, ya que las medidas recogidas en la ley de vivienda no están consiguiendo equilibrar el precio de los alquileres, sino que han ocasionado incertidumbre, descontento y la contraposición del sector inmobiliario.
La accesibilidad al alquiler está en riesgo, por eso, es crucial tomar acciones inmediatas que fomenten la ampliación del parque social en renta y que promuevan la vivienda de alquiler a un precio asequible. Para ello, la aportación de seguridad jurídica a propietarios es indispensable, la colaboración público privada con el sector privado es clave e internamente la administración debe trabajar en la habilitación de planes de gestión pública de vivienda y la rehabilitación de inmuebles para frenar la reducción de viviendas de más del 30% en los últimos 3 años. Necesitamos un clima de confianza, que aporte estabilidad al mercado del arrendamiento, que es el más volátil frente a los cambios externos.