El mercado del alquiler se enfrenta en 2025 a su momento más complejo de los últimos años. Son muchos los ciudadanos que acuden a este mercado en busca de una vivienda, pero cada vez son más los que no logran encontrar lo que necesitan. Y, en la mayoría de los casos, no lo encuentran porque directamente no existe. Es decir, hay menos inquilinos que logran alquilar una vivienda porque hay menos propietarios dispuestos a ofrecerla. El desequilibrio entre oferta y demanda ha tensionado los precios al alza en un 10% en el último año. Esto ha generado un mercado mucho más compacto, muy rígido y de muy poca rotación.
Los obstáculos para acceder al alquiler se han consolidado como barreras estructurales: el aumento de los precios, la escasez de oferta, los requisitos cada vez más restrictivos de los propietarios y el elevado desembolso inicial no solo persisten, sino que se intensifican año tras año. Esta realidad expulsa directamente a numerosos demandantes del mercado, obligándoles a renunciar a la emancipación o a optar por compartir vivienda como única alternativa viable. De hecho, el esfuerzo económico que supone hacer frente a una vivienda completa se sitúa en torno al 47% de los ingresos, mientras que compartir piso lo reduce hasta el 23%, lo que convierte esta opción en un refugio forzado más que en una elección.
De hecho, casi la mitad de los inquilinos lo son por obligación: el 46% de los demandantes de alquiler optan por el arrendamiento al no poder comprar. Esta doble limitación, dificultad para alquilar y escasa viabilidad de compra, deja a una parte cada vez más creciente de la población en una situación de bloqueo residencial.
Y si los inquilinos sufren, los propietarios no están exentos de preocupaciones. El 48% desconfía de los potenciales arrendatarios, ocho puntos más que el año pasado, y un porcentaje creciente teme impagos, destrozos o incluso ocupaciones. Esta situación genera inseguridad y un clima de incertidumbre muy perjudicial para el desarrollo de un mercado formado, en casi 90% de los casos, por pequeños particulares.
Por ello, se hace cada vez más urgente fomentar la colaboración público-privada en la promoción del alquiler, impulsar la rehabilitación y puesta a disposición de viviendas vacías, reforzar la seguridad jurídica y la estabilidad normativa, agilizar los procesos administrativos vinculados a las políticas de suelo y urbanismo, y mejorar la conectividad mediante un transporte público más eficiente en las áreas metropolitanas para mitigar la presión de los núcleos urbanos donde el alquiler es protagonista. Solo la aplicación inmediata de estas medidas podría ayudar a revertir la crítica situación.